Guerras de religión
Beatriz Sarlo

Lo que ha sucedido alrededor de la exposición de León Ferrari en el Centro Cultural Recoleta deja suponer que en la Argentina estamos atravesando una situación grave. La Iglesia católica ha hecho gala de sus más aceradas costumbres de persecución sistemática a un artista y ha arrastrado, en los últimos días, a algunas empresas que figuraban como sponsors de la exposición, que abandonaron ese rol con el argumento de que ella dividía a la sociedad argentina. Entiéndase por “sociedad argentina” la imagen empresaria que busca parecerse más a un comercial de televisión que a las experiencias estéticas promovidas, por ejemplo, por el Instituto Di Tella, cuya fábrica financiaba algo más que unas páginas de catálogo o el vino del vernissage.
No quiero enmarcar las reflexiones de esta nota recordando la notable participación de la Iglesia cuando, durante la crisis, organizó la mesa de Diálogo Argentino, ni la responsabilidad que muchísimos sacerdotes y laicos han asumido en las redes de solidaridad. No quiero enmarcar mi nota con esos comentarios porque tampoco quisiera recordar las páginas negras escritas por la Iglesia durante la dictadura, ni la presencia de sacerdotes bendiciendo sus actos cuando no desempeñaban funciones silenciosas y silentes en los campos de tortura, muerte y desaparición. El balance de la Iglesia argentina es mezclado, como el de la sociedad a la que pertenece y pretende guiar.
Salgo de ese balance entonces para referirme a la Iglesia en sus intervenciones públicas en materia ideológico-moral. Hace pocas semanas, el ministro de salud, en un notable reportaje de La Nación, afirmó que el debate de la próxima década podía llegar a ser, en el mundo, el de la eutanasia, pero que ese debate era impensable en la Argentina. Los lectores del reportaje entendimos, sin demasiadas cavilaciones, la razón por la cual el ministro consideraba que discutir la eutanasia era imposible: la Iglesia se opondría a que el tema ni siquiera fuera abierto como campo de reflexión. Los argentinos que deseen explorarlo, y que no son miembros de la Iglesia católica, no pueden hablar en público de la eutanasia porque la Iglesia lo impide presionando sobre los gobiernos y amenazando la libertad de pensamiento en la sociedad.
Las batallas que ha ganado la jerarquía católica en los últimos años son muchas. Durante el gobierno de Alfonsín, la Iglesia se opuso a la aprobación de la ley de divorcio argumentando que el matrimonio era indisoluble, extendiendo a la esfera civil el lazo sacramental que se instala en la religiosa. Presbíteros rabiosos, que habían apoyado la dictadura militar, predicaron desde el púlpito contra el gobierno. Estaban en todo su derecho al indicar a sus fieles que no debían divorciarse si es que esa ley impía se aprobaba. Pero su derecho terminaba allí. Ese límite final de los derechos de la Iglesia a legislar sobre toda la sociedad es lo que se ha borrado en los años que van de los ochenta a hoy. En ese sentido, la Argentina ha vivido una involución en términos del debate de ideas, y se han multiplicado los obstáculos y chantajes a la capacidad legislativa.
Hace dos meses, en el Centro Cultural Ricardo Rojas se proyectó un documental de Raúl Beceyro, Marylin Contardi, Pedro Deré y Guillermo Mondéjar sobre la Convención Constituyente de 1994. Entre los temas que los realizadores juzgaron importantes e interrogaron a los constituyentes está el de la despenalización del aborto. En tres intervenciones memorables Elba Roulet, Graciela Fernández Meijide y Elisa Carrió sostuvieron la posición despenalizadora con una argumentación clara. Los argumentos de esas tres mujeres podían ser expuestos en 1994. Hoy cualquiera se da cuenta que hemos retrocedido (o, en la perspectiva de la iglesia, avanzado). Cualquier político que plantee la despenalización lo hace de manera ultradefensiva, sabiendo de antemano que está internándose en un terreno peligrosísimo, que ya ha sido demarcado, además, por el cambio en la opinión de Carrió y por la cerrada oposición a la despenalización de casi toda la clase política, excepto los representantes de la izquierda y, en una intervención que ratifica principios, el jefe de gobierno de la ciudad, Aníbal Ibarra. La Iglesia vence y su victoria impone el silencio.
Como están las cosas, los argentinos tendrán muchas dificultades para plantear la despenalización del aborto, incluso en los casos de inviabilidad del feto o violación. Ni qué hablar de la despenalización en los casos en que el embarazo ponga en peligro la vida o la salud física o mental de la madre, motivos que habilitan el aborto en naciones como España, y que, en Argentina, no podrán ser planteados ni en el mejor de los próximos escenarios. Cuestión cerrada excepto para legisladores de bancadas minoritarias. Hace pocos días, militantes católicos atacaron tanto la exposición de León Ferrari como la conferencia de la holandesa representante de una organización que asiste, en todo el mundo, a mujeres que desean un aborto en naciones donde está prohibido y, en consecuencia, sólo es accesible, en condiciones sanitarias seguras, a quienes tienen dinero para pagarlo. Esos militantes católicos irrumpieron en el Centro Cultural Recoleta y en el San Martín; su violencia no fue condenada por la Iglesia en nombre de cuyas enseñanzas y principios decían actuar.
Quien le eche una ojeada a la transcripción de la audiencia pública en la Legislatura porteña sobre la ley de educación sexual se encontrará con las posiciones de la Iglesia, expresadas a través de individuos y asociaciones que agitan la bandera de la intromisión del estado en esferas que sólo corresponderían a las familias y a sus instituciones religiosas. Similares argumentos se escucharon en la Argentina hace 125 años cuando se estableció la educación laica (que fue un instrumento formidable de incorporación al mercado de trabajo, a la ciudadanía y a la cultura). El partido católico dijo entonces, como dice ahora, que el estado se estaba metiendo en una esfera que sólo concernía a la decisión de las familias o de la religión. Esa batalla se ganó en el siglo XIX porque la elite política derrotó, cultural e ideológicamente, a la fracción católica, y estableció las bases del universalismo escolar argentino. Junto con la educación laica, gratuita y obligatoria, estableció el registro civil, sacándole a la iglesia la administración del matrimonio y de los nacimientos. Fue una batalla definitoria de nuestra modernidad cultural. Más de un siglo después, la definición de los contenidos de la enseñanza en la provincia de Buenos Aires, durante la gobernación de Duhalde, fue vigilada paso a paso por la Iglesia que le dio el imprimatur a los nuevos programas de una reforma educativa que, por otra parte, fracasó (aunque no se puede culpar a la Iglesia por ello). Hoy la Iglesia supervisa, más que nunca en la historia argentina, lo que sucede en la escuela pública y administra centenares de institutos de formación docente de la calidad más diversa.
En un último reportaje publicado en Página 12, monseñor Laguna pronunció una frase verdaderamente exacta, que podría indicar un camino de convivencia pacífica: “No predico sobre preservativos”. Esa frase define a un sacerdote que sabe reconocer la separación de las esferas estatal, pública, privada, y respetar los límites que deben establecerse entre ellas. “No predico sobre preservativos” quiere decir que esa cuestión no es materia de fe, que no afecta el principio de castidad según el cual la Iglesia decide que deben sostenerse las relaciones personales, porque se aplica a un universo más amplio que el de los católicos. Para un no católico, la frase también puede ser interpretada como el reconocimiento de que el mensaje religioso de la Iglesia es para sus fieles, a quienes los preservativos resultan inútiles en sus relaciones personales, ya que ellas deben apoyarse sobre la sexualidad en el matrimonio fiel y la castidad fuera de él. Las enseñanzas de la Iglesia tienen el límite exacto de la comunidad que las adopta por razones religiosas, morales y culturales. Cuando un sacerdote decide “no predicar sobre preservativos” está reconociendo (lo razone o no de ese modo) la pertinencia de otros discursos y de otras posiciones. La frase de Laguna marca el territorio de la convivencia entre cristianos, agnósticos, ateos, judíos, musulmanes y neorreligiosos varios. Lo que es más importante todavía, reconoce la independencia de las políticas sanitarias respecto de las corporaciones religiosas.
No hay que tomar las cosas a la ligera. El escándalo que rodea la retrospectiva de León Ferrari es un caso testigo. Si los reclamos de la iglesia se imponen, la Argentina habrá retrocedido más de lo que creíamos posible. Se habrá definido un modus operandi para la esfera pública y se le habrá ordenado al estado que no debe ser el neutro espacio donde todas las exploraciones estéticas son posibles, sujetas sólo al juicio crítico y al buen sentido (y el gusto) de los espectadores, sino un espacio presidido por principios confesionales. Si la Iglesia se impone ahora, en el futuro podrá sentirse alentada a intervenir en la selección de las obras que se presenten en teatros oficiales o con dineros públicos, en las películas de los festivales de cine y en los libros que reciban subsidios del Fondo Nacional de las Artes. La Iglesia ha convertido la exposición de León Ferrari en un leading case no sólo por sus contenidos ideológicos sino por su carácter de umbral. La exposición de Ferrari es un test de la fortaleza del estado y de las instituciones del campo artístico.
Razonemos: como muchos, pienso que lo que la Iglesia considera dogmas religiosos fundamentales son lo que en retórica se llama adunata, una palabra griega que designa los imposibles. Si se me diera a elegir, preferiría que ningún niño o niña fuera adoctrinado en la virginidad de María, la ascensión en cuerpo y alma, ni el juicio universal. Las comprobaciones de la ciencia me han convencido de que no se puede ser virgen y madre, que no es posible llevarse el cuerpo al más allá después de la muerte; y las previsiones que considero razonables me convencen de que los muertos no resucitarán para ser juzgados en el fin de los tiempos. Preferiría que, en las escuelas religiosas, los niños no recibieran ese adoctrinamiento. Pero comprendo también que la Iglesia tiene el derecho a impartirlo entre sus fieles. No se me ocurriría organizar una brigada de científicos y educadores para irrumpir en una sesión de catecismo, una especie de happening voltairiano que hoy sería ridículo. Simplemente confío en todas las dimensiones de la educación y me atengo a la competencia ideológica. Llamo a esto tolerancia. Del mismo modo, defendería un templo católico de cualquier ataque material o político, porque allí suceden cosas que son valiosas para hombres y mujeres que merecen mi respeto independientemente de mis creencias y las suyas. Creo que el estado debe garantizar la libertad de cultos, lo cual quiere decir, también, que debe proteger por igual a todas las instituciones religiosas sin adoptar sus pretensiones totalizantes.
Simplemente hay que exigir que la Iglesia haga lo mismo. Tiene todo el derecho de requerir que sus intelectuales empleen sus mejores armas en la condena de las obras consideradas blasfemas de León Ferrari. Incluso los empresarios católicos no deberían gastar un solo peso en propiciar la exhibición de un arte por el que se sienten agredidos. Los católicos en general, si la Iglesia se los prohibiera, deberían abstenerse de visitar la exposición, como deberían abstenerse de divorciarse, apoyar la despenalización del aborto o las campañas contra el SIDA que aconsejan el uso de preservativos. Ellos tienen una cuestión de conciencia allí y se espera que se atengan a ella. Pero somos libres de ese mandato institucional quienes no somos católicos o quienes se sienten católicos pero no profesan una identificación completa con las posiciones de la Iglesia, amparándose en que la Iglesia es milenaria precisamente porque ha cambiado muchas veces de posición conservando intacta sólo la idea de su hegemonía.
Nosotros deseamos una sociedad donde sea posible ser católico, judío o neorreligioso y también sea posible que una obra considerada blasfema sea exhibida. El argumento que circuló en estos días de que esa obra sólo debía exhibirse en lugares no estatales ha demostrado su falacia. En un país como la Argentina, donde las empresas ponen poco dinero y cuidan mucho su imagen, y donde la Iglesia puede convertir una retrospectiva en una cruzada ideológica, sólo el estado, hasta el momento, tiene condiciones para garantizar el pluralismo. Ni Movicom ni Valentín Bianchi son los Guggenheim o los Di Tella, para repetir el nombre de la que fuera una institución local.
Tanto como a la Iglesia la ofende que se muestren imágenes de santos (sin consagrar) adentro de una licuadora o sobre una parrilla, ofende mis ideas que se diga que el alma desciende sobre un par de células en el momento mismo de la concepción. Esa frase contradice lo que muchos de nosotros aprendimos de la ciencia sobre el desarrollo del ser humano y sobre la existencia de algo llamado alma. Sin embargo, debo defender el derecho a que un católico pronuncie esa frase. Debo defender las creencias de quienes no piensan como pienso. Los no católicos exigimos que la Iglesia haga lo mismo. En un país donde la Iglesia está separada del estado, creer en Dios no funda ningún derecho que no sea el del pluralismo.

Publicado en Debate, 17 de diciembre 2004