Vacíos de la memoria
Beatriz Sarlo

Artículo publicado en revista Debate 158,
Buenos Aires, jueves 23 de marzo de 2006

De 1976 persisten dos efectos. En primer lugar, el carácter excepcional de la represión, que hoy calificamos como terrorismo de estado, convenció tanto a civiles como a militares (que siempre estuvieron aliados en los golpes) de que una intervención militar que desalojara a un gobierno democráticamente elegido ya no debía volver a suceder en la Argentina. En estos treinta años transcurre el período más largo en todo el siglo XX de gobiernos democráticos sin interrupciones militares. Y ello ha sido posible porque hubo juicio para muchos de los responsables del terrorismo de estado, comenzando por las tres primeras juntas. No hay otro país en América Latina donde se hayan condenado tantos militares (hombres con mando de tropa y fuertes conexiones, jefes en actividad).

Para alcanzar este convencimiento hubo que disciplinar, depurar y subordinar a las fuerzas armadas con acciones políticas que fueron extremadamente riesgosas: el juicio a las juntas militares, la extensión de los juicios a otros responsables, que encendió las insurrecciones “carapintadas”, la autocrítica comenzada bajo el mando del general Balza y que culmina hoy con la de los altos mandos de la aeronáutica. Hubo retrocesos, avances, aplazamientos, políticas para aplacar a los responsables, leyes que interrumpieron los actos de justicia y nuevas leyes que los hicieron posibles, indultos simétricos para jefes militares y montoneros.
Algunos actos estuvieron cargados de simbolismo, como el plano de televisión que mostró a los nueve comandantes de las juntas mientras escuchaban la condena del tribunal civil, o el momento en que el estado se reapropió de la ESMA. La democracia argentina en los primeros años fue extremadamente frágil y el juicio a las juntas se realizó en un clima de amenaza y prepotencia por parte de fuerzas armadas que, todavía intactas, no estaban dispuestas a aceptar la subordinación institucional. Veinte años después, las crisis políticas que, en el pasado, hubieran desembocado en una intervención militar sucedieron sin el espectro del golpe.

En segundo lugar, con el golpe de estado de 1976 nació el movimiento de derechos humanos, algo desconocido hasta entonces, en la medida en que la categoría misma de “derechos humanos” no formaba parte del vocabulario político de nadie en la era de la radicalización. Las Madres de Plaza de Mayo inventaron todo durante los primeros años de la dictadura: una identidad, un conjunto de símbolos, una forma de actuar en la esfera pública, una estrategia de largo plazo. Sólo las acompañaron grupos de la extrema izquierda, un puñado de militantes sociales como Adolfo Pérez Esquivel y aquellos políticos que, como Raúl Alfonsín, formaron parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, junto con Emilio Mignone, Graciela Fernández Meijide y Alfredo Bravo.

¿Qué otro efecto de los sucesos de la década del setenta? En consonancia con lo que sucedió en casi todo Occidente, la izquierda y el nacionalismo revolucionario han hecho su pasaje al reformismo. Sería absurdo decir que ese pasaje se debió simplemente a la liquidación física de dirigentes revolucionarios. El cambio se define, por supuesto, con otras claves. Los montoneros y los militantes revolucionarios de los años setenta hoy tienen alrededor de sesenta años. La violencia revolucionaria de entonces fue reemplazada por una presencia en la escena política desde la transición democrática. Si bien el gobierno de Alfonsín tuvo que enfrentar una intervención desesperada y final como la encabezada por Gorriarán Merlo en La Tablada, desde entonces la violencia no tiene representantes políticamente significativos. El asalto al cuartel de La Tablada fue un acto póstumo.

Treinta años deberían convertir a un acontecimiento en un hecho histórico. El golpe de septiembre de 1930, que derrocó a Yrigoyen, era el pasado en 1960. Sin embargo, no siempre sucede así: el 17 de octubre de 1945 aún no había dejado de transcurrir en 1975. En las vísperas del golpe de estado de marzo de 1976, todavía aquella jornada de octubre tenía el peso de un mito político. Había sido una movilización popular masiva, una oleada del suburbio sobre el centro de la ciudad, y, por lo tanto, conectaba bien con el clima del peronismo radicalizado. Los militantes de los años sesenta y setenta, que no habían vivido los sucesos de octubre de 1945, los conocían perfectamente porque formaban parte de una historia que todavía tenía consecuencias ideológicas sobre el presente.

A diferencia de lo que hoy sucede con el golpe de 1976 que es recordado por quienes fueron sus víctimas directas, quienes lo combatieron o quienes, sin haberlo combatido, ahora expresan su repudio, las jornadas de octubre de 1945 eran evocadas no sólo a través de las voces de sus testigos, sino de una generación más joven que no las había presenciado pero que las había puesto en el origen de una Causa política. La diferencia entre ambas perspectivas sobre el pasado indica que no todos los hechos pretéritos funcionan, en el presente, del mismo modo. Por el contrario, según cómo sean contados, quiénes organicen la historia y quiénes se sientan sus portadores, el relato tocará la sensibilidad de sectores diferentes.

Hoy, todavía, no tenemos una versión pública de las circunstancias del golpe de estado de 1976. Hay, por supuesto, una masa de investigaciones académicas que son discutidas por núcleos predominantemente intelectuales. Sin ser tocado por este saber, el gobierno de Kirchner propone un relato donde no todos pueden identificarse, ya que se concentra en el terrorismo de estado, por una parte, y en la reivindicación de los ideales de los militantes revolucionarios, por la otra. Sobre el primero el acuerdo es general, porque está sustentado en lo que los juicios produjeron como conocimiento, pero sobre lo segundo el debate continúa. Voy a dar ejemplos.

El golpe de estado no cayó como un rayo inesperado. Se produjo cuando el gobierno de Isabel Perón no estaba en condiciones de ejercer con justicia y limpieza el control sobre la violencia desatada por la Triple A, organizada desde adentro de ese mismo gobierno, y por las fracciones revolucionarias que practicaban la violencia guerrillera y el terrorismo. El golpe fue presentado por la prensa como una intervención “normalizadora” y gran parte de la población lo recibió de ese modo. Las fuerzas armadas reabsorbieron el poder mediante la práctica de una asombrosa violencia estatal y con el objetivo de asesinar tanta gente como fuera necesario para erradicar para siempre la idea de transformación social.

Una imponente mayoría aceptó la intervención militar e hizo todo lo posible para no enterarse de lo que sucedía. Una historia pública de esos primeros años de la dictadura militar debe incorporar el Mundial de Fútbol de 1978: sólo una minoría casi invisible consideró ese mundial un insulto a lo que estaba sucediendo en la Argentina. Los militares tuvieron su momento de gloria en el estadio de River cuando el capitán de la selección levantó la copa entre los dictadores y el delirio del público. Esta historia tiene que ser retomada porque habla de una sociedad que no quiso privarse de uno de esos placeres que repugnan todo principio ético. En muchos de los países donde había exiliados se repitió grotescamente esta suspensión del juicio que equivalía a afirmar que un momento de alegría popular (así lo razonaron muchos) era admisible incluso en las condiciones de exterminio que se estaban viviendo.

El otro momento que debe ser revisado es el de la guerra de Malvinas. Incluso las organizaciones de derechos humanos estuvieron presentes en la plaza donde decenas de miles de personas apoyaron la última y más psicótica aventura de los militares. Se vieron los pañuelos blancos de las Madres con la consigna “Las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también”, como si con ambos hechos se pudiera establecer una imposible unidad de sentido. Lo cierto es que los desaparecidos eran argentinos y la aventura en las islas había sido pergeñada por sus asesinos.

Las aguas oscuras y barrosas del nacionalismo territorial (que ya se habían removido años antes en ocasión de un conflicto limítrofe con Chile) arrastraron a centenares de miles bajo la protección de la celeste y blanca que había cubierto las ciudades durante el mundial de fútbol. Nuevamente, ex guerrilleros exiliados se ofrecieron para luchar en el Atlántico sur. Intelectuales de izquierda creyeron posible que la reconquista de las Malvinas se convirtiera en una causa nacional. Dos errores poco inteligentes: que Gran Bretaña perdería la guerra y que, si eso sucedía, la movilización nacionalista podía llegar a convertirse en movilización antidictatorial. Aunque todo esto parezca hoy completamente absurdo, todavía no circula una representación pública del apoyo popular a la invasión de las islas.

Poco podremos hacer por la memoria de estos treinta años si no se incorporan estos hechos y no se discuten sus causas ideológicas y culturales más profundas. Hasta no lograrlo, la visión sobre lo sucedido en los setenta seguirá teniendo un relato melodramático y maniqueo que blanquea a casi todos los argentinos. El terrorismo de estado fue la hipérbole trágica de un proceso histórico complejo, donde hubo otras presencias y ausencias y silencios. No se trata de juzgar a los argentinos por no haber impedido la muerte de decenas de miles, ya que eso estaba bien lejos de sus posibilidades. Se trata, en cambio, de hacer una historia que no deje a todos completamente al margen de lo sucedido entre 1976 y el comienzo de la transición democrática, ese momento en que, justamente por la derrota de Malvinas, la dictadura no pudo evitar su derrumbe y, en paralelo, millones, casi de la noche a la mañana, descubrieron que ese régimen era repudiable.

Faltan entonces varios balances para que los hechos comenzados hace treinta años se vuelvan inteligibles más allá de las explicaciones y los análisis de la historia académica. O sea: falta una historia pública que no puede estar sustentada simplemente sobre la memoria. Si algunos militantes, como Pilar Calveiro, hicieron una crítica decidida de la violencia revolucionaria de los años setenta, tampoco esos textos se han convertido en memoria pública, porque ella está hoy circulando por los relatos que mayoritariamente pasan por alto las responsabilidades colectivas, comenzando por la de los partidos políticos, que no tienen interés en recordar ni el silencio ni la complicidad, o por los de los ex guerrilleros que se especializan en una versión romántica del verticalismo autoritario y la violencia que practicaron en ese período.

No alcanzan sólo los actos de memoria, sobre todo porque quienes pueden realizarlos son protagonistas de la escena política contemporánea. Tampoco es suficiente con las historias profesionales, porque su potencial para desbordar sobre la escena pública se limita a grupos reducidos que rodean concéntrica pero no extensamente a los especialistas. Sin embargo, sería bueno que quienes tienen el poder y la capacidad para instalar relatos públicos no siguieran ignorando lo que ha producido la historia académica.

Kirchner, cuando entró en la ESMA, estuvo más ocupado por borrar del cuadro a su antecesor Alfonsín que por hablar como hombre de estado en una ocasión que fue a la vez conmovedora y solemne. Esta carencia del presidente marca no sólo una voracidad por contar su historia de estos treinta años, sino (para no pensar solamente en la mala fe) también su descuido. Con una institución escolar que no está en condiciones de trasmitir un relato de la historia, porque ha perdido vigor, extensión territorial nacional y credibilidad entre quienes la escuchan, sólo algunos políticos y algunos comunicadores tienen el poder de difundir versiones de la historia.

Si lo que se difunde es una versión en que todo el mal fue realizado por unos sobre millones que no tenían las fuerzas necesarias para oponerse, se pasa por alto que esos millones atravesaron situaciones donde, aunque la acción contra la dictadura estaba más allá de sus fuerzas, podían mantenerse, con dignidad, al margen de sus actos de propaganda bélica y deportiva. No haberse resistido, no haber omitido la participación debe ser recordado. Forma parte de una historia, aunque no figure hoy en las memorias activadas de sus protagonistas. Y me refiero a “memorias activadas” para designar el carácter selectivo de la memoria, en la cual los sujetos se representan muchas veces como les gustaría haber sido, es decir, de manera anacrónica.

Lo sucedido en estos treinta años es demasiado complejo como para encontrar sólo en el terrorismo de estado una explicación que está también en la violencia revolucionaria de los setenta, y en el indiferentismo moral de los años posteriores al golpe donde, quizás sería bueno no olvidarlo, quienes reclamaban por las víctimas estaban realmente solos y no porque no pudieran ser vistos, todos los jueves, en Plaza de Mayo. El candidato presidencial por el partido justicialista Italo Luder afirmó en 1983 que la autoamnistía, con que pretendían salvarse los militarse, tenía efectos jurídicos que iban a impedir su juzgamiento; el partido justicialista sostuvo esa posición y sus militantes la aceptaron sólo porque de no hacerlo pondrían en peligro una victoria que finalmente no obtuvieron porque millones ya se habían trasladado al campo de los que reclamaban justicia. Estos hechos muestran que es necesario revisar el modo en que los partidos políticos llegaron a las elecciones que Alfonsín ganó con la bandera de la democracia y la promesa de enjuiciar a las tres juntas militares.

El pasado tiene datos con los cuales no es posible reconciliarse. La represión es uno de ellos, pero no el único. Llegado el treinta aniversario del golpe, no es temprano para completar los silencios de la memoria.